Sobre las consecuencias del TTIP en la educación pública

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Debido a las noticias que tenemos sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) como modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013 y con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo nos preocupa la incidencia que pueda tener en la educación pública, considerando que ésta está sometida a una enorme presión con intenciones que nos parecen poco claras. Queremos hacer referencia a una serie de documentos que ya hace años explicaban los retos de la nueva sociedad a la que nos íbamos dirigiendo debido a la creciente mundialización o globalización y a sus recomendaciones, entre otras cosas, porque estamos viendo como en el presente nos vemos ya inmersos en ellos. Una sociedad que se configura como del conocimiento y del aprendizaje, en la que dicho conocimiento está sustituyendo a la fuerza del trabajo, Informe Mundial de la UNESCO (2005): Paris, UNESCO.

En estos momentos los Estados centralizados o federados siguen siendo el órgano esencial de decisión en materia de educación. No nos gustaría que a través del TTIP y teniendo en cuenta que el conocimiento es en estos momentos un valor clave en nuestra sociedad, pasara a ser mercancía ya desde la educación obligatoria. La educación se ha convertido en un negocio. Hay quienes avisan de la burbuja en la educación superior y conocemos los efectos del enorme endeudamiento de los universitarios en algunos países para pagar las tasas a la universidad pública. Pero es que hay factores que nos alertan de que puede haber intenciones de que en nuestro país la educación obligatoria pública derive en un negocio encubierto. Y nos preocupa todavía más que el TTIP suponga una vía fácil para grandes empresas y corporaciones.

De dónde proviene nuestra preocupación.

En diversos países se está produciendo una deliberada privatización de servicios de educación públicos y cambios en las políticas educativas que abren la puerta a otras formas de proveer de recursos a las escuelas e incluso de docentes.

Tal privatización encubierta y amparada en nuevas políticas educativas no atiende a los referentes de igualdad de oportunidades, inclusión y por lo tanto valores no discriminatorios y plenamente democráticos que habían sido el sustento de la educación pública. En una Sociedad del Conocimiento, en la que éste es un factor clave, no deberíamos permitir que cualquier ciudadano no pueda participar plenamente y con igualdad de derechos en ella.

Si el conocimiento es emancipador, lo es por responder a los deseos íntimos de las personas, que tienen derecho a elegir y a acceder a él en las mismas condiciones y oportunidades.

Cuando hay servicios de educación pública que incluyen paulatinamente al sector privado, es la llamada privatización exógena, se prepara el camino para que empresas privadas provean a las escuelas según su propio beneficio. Ello suele suponer una tentación para que dictaminen lo que la escuela necesita: la organización del centro, el acceso docente, las actividades extraescolares… Así está ocurriendo en muchos países.

En países como Nueva Zelanda o en el Reino Unido durante el gobierno de Tony Blair, ya se han llevado a cabo algunas de estas reformas suponiendo una injerencia en la gestión de los centros educativos. Una injerencia porque tal privatización importa a la larga métodos del sector privado empresarial con el fin de que las escuelas funcionen bajo perspectivas comerciales. En nuestro país los intentos de realizar pruebas externas que pueden acabar siendo encargadas a empresas, basándose en los resultados de los alumnos y no en su proceso de aprendizaje, lo cual contraviene principio psicopedagógicos, supone un primer indicio. En otros países, como Australia o escuelas de E.E.U.U. está ocurriendo de esta forma.

Por otra parte, la intención a través de una nueva ley de educación, LOMCE, que buscando la excelencia apunta a la segregación en grupos de alumnos según presuntas capacidades, y a la segregación en centros, es una intención que se parece a otras formas de privatización de otros países (Japón, Reino Unido, Australia) en la que los alumnos “mejores” se derivan a centros gestionados por servicios privatizados que compiten así con otros públicos.

La gestión de los salarios en función de resultados encubre a menudo la gestión por parte de empresas de la labor docente. Las evaluaciones al profesorado suponen ingresos a las empresas y éstas eligen lo que debe conseguir el profesor, modificando los valores educativos y generando una enorme presión laboral. Ello conduce a la modificación salarial y a la contratación de profesores con menor nivel de formación, pero que están especializados en conseguir resultados concretos con relación a las pruebas de evaluación, denigrando la enseñanza.

Las “tutorías personalizadas” de EEUU o del Reino Unido a través de empresas privadas y realizadas por personal externo a los centros es otro ejemplo. Conocemos en España las intenciones de la Fundación “Empieza por educar” de Ana Patricia Botín, Fundación que depende del lobby neoliberal Teach First Spain y que tiene detrás a empresas como el Banco Santander, Deloitte, Uría Méndez, Fundación Barclays, Llorente y Cuenca, Job and Talent, McKinsey &Company y otros , para introducirse en la educación pública y a través de profesores que en su mayoría han sido formados en escuelas de economía. La privatización encubierta puede ser también una forma de eliminar la capacidad de los sindicatos para gestionar la negociación colectiva. Sabemos que el TTIP conlleva una dificultad para que en aquellos centros en los que intervengan algunas empresas gestionando algún servicio, los sindicatos desarrollen libremente su labor de defensa de derechos laborales. En la educación superior tenemos otro ejemplo con la Declaración de Bolonia que ya está generando un cambio en la prestación de la educación superior en toda la Unión Europea, y el GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) que está abriendo los sistemas de educación nacionales a proveedores “extranjeros” de servicios. Un ejemplo, de nuevo, es Reino Unido.

Nos preocupa enormemente la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado a través de modalidades basadas en el beneficio económico y la utilización del sector privado en cuanto la gestión y lo que es peor, la concepción de lo que debe ser la educación pública, nos parece una injerencia y una verdadera amenaza para lo que realmente significa dicha modalidad educativa. Pensamos que el TTIP supondrá la vía más rápida para que ello ocurra.

No queremos docentes como gestores empresariales, ni alumnos como objetos de producción para el mercado, ni una privatización como generadora de desigualdades educativas.

La educación pública no debe ser una mercancía, sino un bien público de todos y para todos.

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